Asesoría de empresas en Las Palmas

Proyecto de Ley contra el fraude fiscal

04 Ene

Proyecto de Ley contra el fraude fiscal

A la espera de que sea aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias, tanto para incorporar el Derecho comunitario al ordenamiento interno como para implantar medidas que refuercen la lucha contra la evasión fiscal compleja y la economía sumergida, en la que parece que el Gobierno está muy preocupado, hacemos un resumen de estas medidas que se toman con la intención de combatir los nuevos modos y fórmulas de fraude tributario, asociados a las nuevas tecnologías, permitiendo así la persecución de los comportamientos inadecuados, fiscalmente hablando.

Estas son las líneas principales sobre la que la nueva Ley pretende incidir:

Endurecimiento de la limitación de los pagos en efectivo

Este proyecto de Ley modifica la limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas que pasará de 2.500 a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones entre las que media al menos una empresa.

Existe la excepción que dice que, con motivo de minimizar el impacto en las pequeñas economías domésticas, cuando el pagador sea una persona física y no actúe en calidad de empresario o profesional será de 2.500 euros.

A nuestro juicio queda aclarar este punto ya que en el supuesto de operaciones entre las que media al menos una empresa, la otra parte puede ser un pagador persona física.

A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España. Con ello, se persigue restringir estas operaciones que, al ser en efectivo, son más difícilmente rastreables y pueden facilitar, por tanto, el fraude.

Prohibición de amnistías fiscales

Otra medida que se contempla en el Proyecto de Ley es la prohibición por ley de amnistías fiscales, que afectará a grandes fortunas y patrimonios. Se pretende impedir así que haya beneficios tributarios injustificados que supongan la quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado.

Ampliación del listado de deudores de la Hacienda Pública

Este proyecto de Ley disminuye de un millón a 600.000 euros, el importe cuya superación conlleva la inclusión en dicho listado. El objetivo es fomentar el ingreso de deudas por parte de los grandes deudores con la Hacienda Pública.

Asimismo, se incluye expresamente en la lista de deudores a la Hacienda Pública, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios. Con ello se persigue que las implicaciones de aparecer en el listado alcancen en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas.

Lucha contra los paraísos fiscales

Otra medida incluida en el proyecto de Ley es la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas, término utilizado internacionalmente. De este modo, se incluirán en la lista de paraísos, por ejemplo, los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, o aquellos donde haya opacidad y falta de transparencia, o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos, o donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación).

Lucha contra el software de doble uso

También se establece la prohibición del denominado software de doble uso, que consiste en programas informáticos que permiten manipular la contabilidad. El objetivo es no permitir ni la producción ni la tenencia de programas y sistemas informáticos que posibiliten la manipulación de datos contables y de gestión, como habitualmente ocurre con mucha frecuencia en el sector de la hostelería y restauración.

La Agencia Tributaria viene reforzando sus actuaciones en este ámbito y en los últimos cinco años se han regularizado 1.500 millones de euros, de los cuales más de 300 millones corresponden al pasado ejercicio. Con esta nueva ley, la Agencia contará con más herramientas para reforzar su capacidad en la lucha contra el uso de estos programas informáticos, que permiten alterar ventas.

Así, el proyecto de Ley exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Se contempla la posibilidad de incluir especificaciones técnicas vía desarrollo reglamentario, incluyendo someterlo a certificación y se establece un régimen sancionador específico por la producción de estos programas o su tenencia sin la adecuada certificación.

Control de criptomonedas

Las nuevas circunstancias existentes en el mundo económico hacen necesario ajustar la Ley 7/2012 que introdujo la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero. En la actualidad, se hace necesario tener un mayor control sobre las criptomonedas y por eso se incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

De este modo, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.

También se introduce la obligación de informar en el modelo 720 (declaraciones de bienes y derechos en el exterior), sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero

Valor de referencia (ITP, AJD, IP e ISD)

Desde esta asesoría en Las Palmas, siempre que nos ha comunicado la próxima transmisión de un inmueble (ya sea por compraventa, donación y/o herencia) le hemos asesorado a este respecto, insistiendo en la importancia que la Agencia Tributaria (estatal como autonómica) da a este valor a efectos de considerarlo como BASE de cálculo para el sometimiento de los impuestos que gravan una transmisión de este tipo. Ahora, con la nueva Ley que se avecina, definitivamente queda claro que el Estado vigilará la aplicación del VALOR DE MERCADO como base de cálculo, con lo que las tributaciones por ganancia patrimonial siempre que medie la transmisión de un bien inmueble, debe hacerse considerando estos aspectos, o nos veremos desbordados con sanciones y recargos…

Hay que tener en cuenta que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral como base imponible (como el IRPF, el IBI o el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Cumplimiento voluntario de las obligaciones

Por otra parte, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, contiene actuaciones para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se contemplan cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario.

Intuimos que todas y cada una de estas medidas (y otras con las que probablemente nos sorprenderán) serán aprobadas por el Congreso en breve, sobre todo después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que dará vía libre al Gobierno a proceder a su aprobación y posterior e inmediata entrada en vigor y de la que por supuesto, le mantendremos informado en la asesoría en Las Palmas Gallego y Asociados.